EL PASO DE GIL LAVEDRA POR RESISTENCIA: ENTRE EL RESPETO A LA CONSTITUCIÓN Y LAS NUEVAS FILOSOFÍAS DEMOCRÁTICAS

El integrante del tribunal que realizó el Juicio a las Juntas presentó su libro este viernes por la noche en la Casa de las Culturas. Mantuvo reuniones y estuvo acompañado por importantes figuras políticas de la provincia. Las polémicas jurídicas desatadas a partir del fenómeno Milei plantean el análisis de nuevos paradigmas constitucionales y sociales.

Ricardo Gil Lavedra, reconocido abogado, juez, político radical e integrante del tribunal que realizó en 1985 el Juicio a las Juntas, hizo la presentación de su libro en un evento en Resistencia que fue potenciado por el Gobierno del Chaco y que contó con la presencia del gobernador Leandro Zdero.

A sus 74 años, Gil Lavedra mantiene una dicción fenomenal. Su trayectoria política y judicial le permiten hablar con sapiencia acerca de la mayoría de las temáticas actuales que conciernen a los argentinos y también a los chaqueños. El evento de presentación de su literato se llevó a cabo este viernes por la noche en la Casa de las Culturas, pero por la mañana le otorgó una entrevista a este cronista en el hotel Amerian de Resistencia.

El buen fresco otoñal le permitió lucirse con un traje oscuro de buen tino. En la recepción del hotel estaba acompañado por una figura de influencia en el Ejecutivo: el ex fiscal de Cámara, ahora devenido en ministro de Gobierno y Justicia, Jorge «Pato» Gómez. No escapa a la lógica que ambos habrán mantenido conversaciones políticas de interés para cualquiera, y que además pudo existir alguna asesoría jurídica por parte del profesional que, se sabe, su envergadura le permite realizar.

Gil Lavedra saludó a los periodistas recién llegados como quien sabe lo que le espera: preguntas reiteradas sobre el contexto político y jurídico nacional, y quizás alguna mirada sobre algún aspecto provincial. Su intención en Resistencia, aclaró, era aportar a la conmemoración del Día de la Memoria mediante la presentación de su libro, pero aun así supo que su personalidad no podría escapar de las preguntas de actualidad.

La vinculación de GilLavedra con los gobiernos radicales es innegable. Fue ministro de Justicia de Fernando De La Rúa en 1999 –su paso por el cargo fue breve, pues salió en octubre del 2000-, diputado por la UCR, ex secretario del Interior de Raúl Alfonsín, entre otros cargos vinculantes. Sobre este último sus declaraciones de elogio son varias, pues le acredita que el Juicio a las Juntas se haya realizado.

Ahora, en medio de pantomimas radicales, o dimes y diretes tal como lo calificó un periodista de este medio, el liberalismo sentado en Balcarce 50 plantea escenarios atípicos para la democracia constitucionalista. En la mente de un jurídico de tantos años, podría ser tranquilamente hasta un escenario infernal al tratarse de situaciones tan polémicas que juegan con la interpretación de la Carta Magna.

Uno de estos temas que generan revuelo es la discusión sobre el papel que podrían tener las Fuerzas Armadas en la lucha al «narcoterrorismo» que tiene su mayor problema en la ciudad de Rosario. La vicepresidente Villarruel, y el «pobre jamoncito» de Milei, tienen posturas distintas.

Gil Lavedra, hábil conocedor de los hechos perpetrados cuando por última vez las Fuerzas Armadas tuvieron más poder de lo requerido, se mostró incómodo por el debate. «Las Fuerzas Armadas tienen una capacitación diferente, no son policías, y tienen una práctica que no es de policía. También por el pasado, lo que ocurrió en la Argentina del pasado», señaló, como si se tratase de dos repúblicas asincrónicas y parelelas.

Sin embargo, planteó: «Han pasado muchos años, y la realidad ahora puede ser diferente. Habrá que esperar a que esto se formule para poder hacer un juicio, pero no creo que puedan cumplir las funciones de las fuerzas de seguridad, esto sin duda». Ni más ni menos. El que quiera saber su posición sobre si el Ejército debe portar armas en esta actualidad «diferente» a la del pasado, quizás deba remitirse a su libro, que gratis no es.

Otra de las declaraciones de Villarruel apuntó a la equidad en el esfuerzo que debe realizar toda la «casta» respecto a los salarios. No hay plata, no hay aumentos, manéjense, indican desde el Ejecutivo. El entrevistado entiende que se trata de un mensaje a todos los poderes, pero que en el caso del Judicial, será la Corte quien deberá asumir la carga de frenar los salarios para todos los funcionarios del Poder Judicial.

Luego de ser anoticiado del reclamo salarial existente hace años en el Poder Judicial chaqueño tras el fallo Alonso de Martina, sostiene: «Yo creo que tiene que haber cierta armonía en las remuneraciones de los tres poderes del Estado. No puede haber diferencias muy extensibles. El ejercicio general es que no puede haber asimetrías muy grandes».

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció hace días el impulso de cambios a la Ley de Seguridad Interior. Uno de estos puntos resalta la creación de la figura del «reiterante», una carátula que permitiría encarcelar a quienes cometan dos veces el mismo delito. En Chaco, dicha figura podría ser de buen uso para aquellos reincidentes en, por ejemplo, el tan irresoluto problema del robo de cables. Lavedra opina lo mismo, y apoya así a los postulados del Gobierno Nacional de turno. «No es tan leve», sugirió, y procedió a enumerar razones jurídicas por las cuales este tipo de delitos no deben ser pasados por alto.

Gil Lavedra, quien reconoció ante este cronista el haber mantenido una reunión con la CGT para discutir sobre la reforma laboral del DNU Milei, pero que sin embargo desmintió haber formado parte de la presentación judicial de esta entidad que logró frenar parcialmente las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo, manifestó que la Argentina necesita comenzar una discusión sobre una reforma laboral que permita, tal como le dijeron desde la CGT, «crear más empleo genuino».

Aun así, hizo la salvedad sobre la imposición de dicha reforma mediante el DNU: «La postura del Decreto ha planteado una situación indeseable, que es la incertidumbre sobre qué normas del derecho están vigentes y cuáles no, y hasta cuándo. Esto me parece que es malo».

El juicio de valor que la ciudadanía hace sobre las medidas que lleva adelante Milei es innegable. Recibe críticas de los juristas, pero elogios sociales. La Constitución no le favorece, pero la historia tampoco olvida que a los antecesores del liberal nadie le recriminaba sobre en qué momento y circunstancias usar la herramienta del Decreto de Necesidad y Urgencia. Quizás para los gobiernos peronistas, o para el de Macri, todos los DNU eran de urgencia extraordinaria. Pero, al parecer, nadie les reclamó lo contrario.

Es entonces cuando Gil Lavedra reconoce que la Corte ya ha interpretado que los DNU sólo pueden ser firmados «en materia de rigurosa excepcionalidad» y que «deben recibir una interpretación estricta». Pero su conocimiento político también lo lleva a marcar la distinción: «La práctica política ha sido diferente. Muchos Gobiernos han dictado muchísimos DNU. Hay casi un cuarto de las normas vigentes que son DNU, no son leyes. El control político que ha ejercido el Congreso ha sido débil, o casi inexistente. Si esta práctica es buena o mala…hay que tratar de buscar que en algún momento la práctica se acomode al texto de la Constitución».

«Probablemente, lo que ocurrió ahora con este –DNU- también sea el volumen. Se trató de un DNU que derogaba cerca de 80 leyes, entre ellas el Código Civil, etcétera. Y esto hubiera exigido que se fundara la necesidad de cada una de estas decisiones, cosa que el DNU no dice. También tiene otro problema: consagra una delegación legislativa, y eso no puede hacerlo porque esa delegación la tiene el Congreso. El Presidente no puede delegarse a sí mismo», reconoce.

Esta comparación entre el apoyo social que recibe Milei a pesar de sus reformas, sea mediante Decreto o no, y que dan paso a la crítica de que se avasalla la Constitución, aborda a su vez una cuestión filosófica. ¿Por qué hay una relación tan dispar entre lo que debe hacerse por regla, y lo que moralmente la sociedad quiere? Este entrevistado se lo atribuye a un Congreso disfuncional y a una realidad que requiere de un dinamismo más profundo en aquellos ejecutores del «poder».

«En las democracias constitucionales, el poder se ejerce dentro de los límites de la Constitución. Esto es así desde los orígenes del constitucionalismo, en el siglo XVIII. Hay una enorme mayoría que ha elegido al Presidente y una dirección. Pero, ¿esto habilita a no aplicar la Constitución? Que sea votado por una mayoría enorme, ¿lo autoriza a gobernar sin la Constitución?«, reflexiona.

Y finaliza: «Me hago cargo de que los Congresos de hoy no son los mismos que los del siglo XVIII, incluso que la realidad actual requiere de un poder más dinámico. El diseño que tenemos nosotros es muy contramayoritario, porque el Congreso se renueva cada dos años con lo cual es muy difícil para un Gobierno tener mayoría parlamentaria. El Presidente tiene que buscar acuerdos o muchas veces recurrir a la circunstancia de los decretos para poder llevar adelante medidas; pero esto no es lo que dice la Constitución«.