EL GOBIERNO DECIDIÓ AVANZAR CON EL SISTEMA ACUSATORIO QUE YA RIGE EN JUJUY Y SALTA
En el ámbito judicial argumentan que el cambio difícilmente puede ser exitoso si no se cuenta con los recursos financieros necesarios para llevarlo a cabo.
La noticia se oficializó en las primeras horas de este lunes mediante el boletín oficial. De esta manera, el Ministerio de Justicia queda a cargo de implementar el sistema acusatorio que ya rige en Jujuy y Salta y extenderlo al resto del país.
En el ámbito judicial, la preocupación no radica en el momento o el lugar, sino en el método. Argumentan que el cambio difícilmente puede ser exitoso si no se cuenta con los recursos financieros necesarios para llevarlo a cabo.
Entre los fundamentos, el DNU sostiene que «la postergación indefinida de la entrada en vigencia del referido ‘CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (T.O. 2019)’ impide hacer efectivo el proceso de reforma judicial iniciado hace casi una década y trae graves consecuencias que impactan negativamente en la modernización, la eficiencia y el correcto desempeño de los órganos de justicia del ESTADO NACIONAL».
Para el Ejecutivo «la falta de definiciones respecto del cronograma de implementación prolonga una situación anómala, caracterizada por la coexistencia de dos sistemas procesales disímiles en el orden federal y en el nacional. La duplicidad de legislaciones provoca un trato dispar a las personas imputadas, en particular en lo que respecta a su derecho a ser juzgadas en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas». Además la superposición de los dos sistemas generaban complicaciones para la Cámara Federal de Casación Penal en las causas.
Como se ha señalado, la falta de implementación del Código en la gran mayoría del territorio nacional complica las tareas del Ministerio Público, la creación de unidades fiscales y la designación de fiscales generales de distrito. Además, «obstaculiza la planificación y la ejecución de la política de enjuiciamiento penal» y, por ende, «limita recursos esenciales para abordar de manera efectiva los fenómenos delictivos dentro de su jurisdicción».
«La plena operatividad del nuevo ordenamiento procesal penal resulta impostergable dada la necesidad de contar con una estrategia proactiva de persecución penal, de castigar a los responsables de crímenes graves -como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, entre otros- y de tutelar a las víctimas del delito. En este sentido, la crisis que experimenta el sistema institucional es un correlato de la crisis económica ya descrita en los fundamentos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 del 20 de diciembre de 2023″, advierten.
A partir de ahora, será el Ministerio de Justicia el que establecerá el cronograma para la implementación progresiva, y diseñará propuestas de readecuación edilicia, de recursos y de personal en razón de los requerimientos del proceso de implementación del Código en la Justicia Federal y Nacional Penal y de programas de capacitación de los operadores, y elevarlas a los órganos competentes. También creará un consejo asesor institucional y consultivo con representantes del Consejo de la Magistratura, los colegios de abogados, las asociaciones de magistrados y fiscales y defensor, gremios y actores de la sociedad civil.