DETECTAN EXPLOTACIÓN LABORAL EN CAMPOS DE PAPA
La AFIP llevó a cabo nuevos operativos de control, donde verificó el mal estado de los trabajadores en estos campos de la provincia de Buenos Aires.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó explotación laboral en campos de papa bonaerenses. El organismo encontró, durante una serie de fiscalizaciones en las localidades de Lobería y de Balcarce, a trabajadores que vivían y trabajaban en condiciones sumamente precarias.
Los procedimientos realizados por los inspectores permitieron verificar que 17 personas se desempañaban en tareas de riego y de siembra de ese cultivo, sin los más mínimos elementos de seguridad e higiene.
Las acciones de control fueron llevadas adelante por personal de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) y de la Dirección General Impositiva (DGI), en conjunto con los Ministerios de Trabajo de la Nación y de la provincia de Buenos Aires.
Los operativos en estas áreas rurales surgieron a raíz de denuncias y de tareas de investigación previa, de las áreas especializadas del organismo.
El personal de la DGRSS y de la DGI se presentó para relevar de manera presencial las condiciones laborales de los trabajadores que se desempeñaban en el riego y producción de semillas de papa.
Los ocho establecimientos donde se hicieron los procedimientos declaraban estar dedicados a la producción del tubérculo. En total, se encontraron a 29 personas con distintos tipos de irregularidades, como salarios no percibidos o inconsistencias entre las Declaraciones Juradas presentadas por los empleadores, en relación a los salarios efectivamente pagados.
En ese sentido, los casos más graves se verificaron en 17 trabajadores que vivían en los campos en condiciones sumamente precarias, con pisos de tierra o hechos con maderas superpuestas. Las casillas carecían de las condiciones mínimas de seguridad y de higiene, con estructuras de baños químicos pero que por dentro no tenían las correspondientes instalaciones. Tampoco contaban con electricidad ni sistema de refrigeración para evitar que los alimentos quedaran expuestos y evitar su descomposición o que sean comidos y contaminados por roedores.
Asimismo, el personal del organismo comprobó a partir de sus propias declaraciones, que los trabajadores sufrían descuentos por el costo de los alimentos y de las garrafas que utilizaban para cocinar, por los pasajes y del seguro por accidente.
Por medio de estos procedimientos, la AFIP busca garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.
Las fiscalizaciones impulsadas por la DGRSS se potencian a partir de los acuerdos de trabajo coordinados con otros organismos públicos, entre los que se destaca el trabajo articulado en el territorio con los ministerios de trabajo provinciales, y también con distintas entidades sindicales.
El abordaje coordinado potencia la capacidad de fiscalización involucrando a los diversos actores clave para la formalización laboral. La mejora de las herramientas y sistemas disponibles permite ampliar el universo fiscalizado de empleadores con potenciales situaciones de irregularidades e incumplimientos a nivel nacional.
EMPRESAS FALSIFICARON SUS INGRESOS PARA RECIBIR EL ATP
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recuperó 130 millones de pesos de parte de empresas que cobraron de manera fraudulenta el programa de Apoyo al Trabajo y la Producción (ATP) para el pago de salarios, al comienzo de la pandemia de Covid-19.
El organismo comprobó que un conjunto de firmas fraguaron su nivel de ingresos para recibir los aportes estatales.
Los principales rubros donde se detectaron las irregularidades fueron el petrolero, transporte y alimenticio.
Por otro lado, se enviaron intimaciones para la devolución de los fondos de ATP de otros 80 millones de pesos, por parte de otro grupo de contribuyentes, que también manipuló sus ventas declaradas y percibió el beneficio de manera indebida.
El programa ATP fue lanzado en 2020 para atenuar el impacto negativo sobre la economía del período de aislamiento social más estricto.
La iniciativa contemplaba desembolsos al sector privado para hacer frente al pago de sueldos en las actividades en crisis o afectadas por el coronavirus.
Posteriormente, la AFIP inició una serie de controles sobre los beneficiarios. Los cruces de información que surgieron de las bases de datos del organismo permitieron iniciar fiscalizaciones con el fin de identificar firmas que pudieron haber abultado o detraído sus ingresos de forma artificial y así acceder al apoyo estatal.
En ese marco, las áreas especializadas de la AFIP identificaron maniobras fraudulentas con el ATP.
Los agentes del organismo constataron manipulaciones de ventas declaradas para acceder al beneficio. Como resultado de estas tareas de fiscalización y control, se lograron recuperar $130 millones de parte de contribuyentes que devolvieron estas ayudas obtenidas de manera irregular.
Los principales sectores que realizaron los reembolsos fueron el de transporte con 40 millones de pesos, el petrolero con 37 millones de pesos y el alimenticio por más de 30 millones de pesos, entre otros.
Al mismo tiempo, el organismo ya envió intimaciones a beneficiarios del ATP que se encuentran en la misma situación irregular y que deben devolver por este concepto más de 80 millones de pesos.