El Gobierno nacional oficializó la designación de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista y dispuso su inscripción en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión se formalizó a través de la Resolución Conjunta 3/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La norma, firmada por el Ministerio de Seguridad Nacional y la Cancillería, sostiene que la organización «representa una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional, con riesgo para la vida, bienes y patrimonio de los habitantes de la Nación».

En los considerandos, el documento señala que la inclusión en el RePET responde a informes reservados de áreas competentes que detectaron «amplia evidencia en lo referente a la participación directa» de la CGRI en el financiamiento y ejecución de atentados terroristas. En ese sentido, se remarca que la medida busca fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y represión del terrorismo.

La resolución también fundamenta la decisión en compromisos internacionales asumidos por la Argentina. Entre ellos, menciona la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que impulsa a los Estados a «promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada trasnacional».

Además, cita la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que establece la obligación de los países de «establecer un régimen jurídico y administrativo para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo», así como garantizar «una cooperación internacional efectiva», con intercambio de información entre autoridades nacionales e internacionales.

El texto agrega que el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo compromete al Estado argentino a tipificar estos delitos y aplicar sanciones acordes a su gravedad.

En ese marco, la inscripción en el RePET se presenta como una herramienta para facilitar el intercambio de información y la coordinación entre organismos nacionales e internacionales, en línea con estándares globales y resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La normativa dispone que el Ministerio de Justicia intervenga para concretar la incorporación de la organización al registro, que funciona como base de datos clave para la prevención y persecución de actividades vinculadas al terrorismo.