INMINENTE RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA FEDERAL DE ROSARIO MANTIENE EN VILO A EMPRESA TABACALERA

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El tribunal de segunda instancia debe definir si acepta o rechaza el pedido de reconsiderar un pago de 10 millones de dólares por una contracautela. Afip ya recusó sin causa a un juez y demorar la decisión hasta la semana próxima, como impulsa uno de los camaristas, significaría una seguro revés para la compañía. Hay 200 empleos en juego.

Una decisión que tomará este viernes la Cámara Federal de Apelaciones de la Justicia Federal de Rosario tiene en vilo a los casi 200 empleados de la tabacalera Bronway. Y el temor en la empresa es que una postergación para la semana que viene, como impulsaría hoy uno de los camaristas, significaría un seguro revés para la compañía.

En concreto, el tribunal de segunda instancia debe definir si acepta o rechaza el pedido de la empresa de reconsiderar el monto de 10 millones de dólares que se le exigió en primera instancia para hacer efectiva la cautelar que la propia Cámara le concedió para permitir seguir trabajando.

La cautelar fue pedida para que Afip le siga entregando las “estampillas” (que habilitan a fabricar y vender paquetes de cigarrillos) argumentando no poder abonar esa carga fiscal porque tiene un costo superior al producto que venden. Todas las tabacaleras de capitales nacionales que operan en el país recurrieron a la Justicia Federal en busca del mismo resguardo judicial, y en todos los distritos menos en la jurisdicción de la Cámara de Apelaciones de Rosario los jueces de primera instancia se las otorgaron.

En Bronway ya manifestaron que no tienen los 10 millones que les exigen para depositar como contracautelar y que sin la cautelar -que le permite seguir recibiendo las autorizaciones fiscales para producir cigarrillos pese a estar en conflicto con la Afip- deberá bajar las persianas.

Presiones en feria

Luego de que la Justicia en primera instancia rechazó el pedido de cautelar que la tabacalera presentó en al arranque del 2022 y que la Cámara demorara seis meses en tratar la apelación, a finales de diciembre pasado con los votos a favor de los camaristas Elida Vidal y José Toledo y el rechazo de Aníbal Pineda, salió la cautelar en segunda instancia.

Pero el alivio duró poco. En enero, al tener que hacer efectiva la medida, el juzgado federal número dos de Rosario exigió el depósito de los 10 millones de dólares para contracautelar.

Fue ahí que la empresa volvió a la Cámara para su definición. Y, en medio de la feria judicial, el escenario se complicó. Es que en los primeros días de enero el camarista de la sala que no se tomó licencia fue Guillermo Toledo. Pero para tomar una decisión la cámara necesita de dos vocales y la sala quedó integrada al sumar a otro juez de Cámara que es Fernando Barbará.

Pero cómo votaron distinto (se especula que Toledo lo habrìa hecho a favor y Barbará se habría pronunciado en contra) tuvieron que convocar a un tercer magistrado. Y como por la feria judicial no había otro camarista disponible, se tuvo que recurrir a un juez de primera federal de turno, quedando designado el penalista Otmar Paulucci.

El tema es que la Afip utilizó la potestad que se tiene en este tipo de litigio para poder recusar sin causa a un magistrado y lo sacó del ruedo. La presunción era que Paulucci votaría como Toledo. La actitud de la Afip es llamativa porque no hay registros de que haya recusado a un juez sin causa.

Fuera de juego el juez penalista, por la feria sólo queda sumar al juez federal de primera Osvaldo Facciano, quien fue convocado ayer al mediodía, en un trámite que la defensa de Bronway objeta porque nunca fue notificada.

Y el tema se calentó cuando trascendió que a pedido de Barbará, a quien en los pasillos de tribunales se lo sindica contrario a la apelación de la tabacalera, la Cámara buscaría otorgarle hoy a la Afip un plazo de 48 horas para poder recusar a Facciano. Y el plazo lo necesita aporque ahora sí debe presentar argumentos, no como hizo con Paulucci.

Pero: ¿el objetivo es correr a Facciano o ganar tiempo? Es que -por el cronograma de la feria- la semana que viene quien entra en descanso es el camarista Toledo y quien vuelve a trabajar es Pineda. Y como Pineda ya viene votando en contra del pedido de Bronway, estarían los dos votos necesarios (junto con Barbará) para rechazar la apelación.

Batalla fiscal

Un cambio de la ley de impuestos internos que aplica a los cigarrillos durante el gobierno de Mauricio Macri determinó un monto fijo de pago fiscal por producto (dejando de ser un porcentaje) que no guarda relación al valor del producto en la calle. Por las actualizaciones, ese pago es en la actualidad de $200.

En otras palabras, se impuso un piso de pago de impuestos que es superior al precio actual de comercialización de las marcas más baratas. Por eso, el pago sólo lo pueden afrontar las tabacaleras internacionales con marcas que tienen precios de venta superiores en el paquete. Por el contrario, las marcas nacionales que salen a la calle con un precio al público menor (como Pier y Dolchester, que cuestan 150) tienen un precio de venta menor al monto impositivo a pagar.

Ante esta situación, las empresas nacionales iniciaron un camino de reclamo judicial por la inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la ley 27.430, que fue ganando resoluciones favorables en distintos tribunales federales. Y es que las empresas sostienen que el impuesto atacado no se conforma con extraer una parte importante de las ganancias de la empresa sino que, además, su pago la condena a la descapitalización y quiebra.

La ley que estableció un piso mínimo a tributar argumenta que busca reducir la demanda de tabaco y evitar la mortalidad y la morbilidad atribuibles a las consecuencias de su consumo. Pero para las tabacaleras nacionales se incorporó un monto fijo mínimo de tributación a fin de desalentar la venta de cigarrillos a precios muy bajos, además que los cigarrillos de “gama media” generan el mismo daño que los cigarrillos de “gama alta”, por lo que no ven justificación para que tributen montos diferentes.

Mientras el tema de fondo se dirime en las distintas instancias judiciales, las empresas nacionales empezaron a lograr medidas cautelares de la Justicia Federal que las exima del pago de los montos mínimos establecidos por la ley para los distintos tipos de productos. Así pasó en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y en la provincia de Salta. Pero en Rosario, hace seis meses que Bronway espera la resolución de la cautelar por parte de la Cámara Federal con asiento en la ciudad.

Ante esta situación, Afip sacó una resolución que estableció que sólo las empresas con cautelares vigentes pueden recibir estampillas, y por eso la tabacalera local queda fuera de juego por las demoras de la Justicia federal en dictar la cautelar.