EL GOBIERNO ENVIARÁ AL CONGRESO EL PROYECTO PARA BAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD A 13 AÑOS
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El Gobierno anunció un nuevo proyecto de ley que reducirá la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años . La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmaron que esta propuesta será presentada al Congreso para su debate y eventual aprobación.
Actualmente, el régimen penal juvenil en Argentina se aplica a jóvenes de entre 16 y 18 años. Con la nueva propuesta, el «Régimen Penal Juvenil» se ajustará para incluir a menores desde los 13 años, estableciendo penas y medidas específicas de acuerdo al tipo de delito cometido.
Según datos presentados por el vocero presidencial Manuel Adorni, en 2023 se registraron 2197 delitos cometidos por menores de edad. En comparación, otros países de la región como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Perú tienen una edad de imputabilidad de 14 años, mientras que en Brasil es de 12 años.
La ministra Bullrich subrayó que este proyecto responde a una necesidad social: «Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad, que no quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia». También destacó que el nuevo régimen asegurará que los delitos, especialmente los que resultan en muertes, tengan consecuencias acordes a la edad de los infractores.
Por su parte, el ministro Cúneo Libarona enfatizó la importancia de proporcionar a los jueces las herramientas necesarias para encarcelar a los menores que cometen delitos graves: «Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darle las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen«.
El proyecto también incluye medidas para que las sanciones no solo sean punitivas, sino que sirvan para la rehabilitación de los jóvenes. Bullrich señaló que para penas de entre 3 y 6 años se ofrecerán alternativas que eviten el simple encarcelamiento: «Esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva».
LAS CLAVES DEL PROYECTO
Privación de la libertad: En establecimientos especiales o secciones separadas de las penitenciarías, bajo supervisión de personal capacitado.
Comunicación a los padres: Sobre la imputación y demás actos procesales.
Protección a la víctima: Asegurada por el juez y el Ministerio Público Fiscal.
Condena condicional: Incluye medidas complementarias como programas educativos, capacitación laboral y tratamiento médico.
Penas de tres a seis años: Podrán reemplazarse por medidas alternativas si no hubo muerte, violencia grave o lesiones gravísimas.
Control de cumplimiento: Verificado por el juez o fiscal y, si lo desea, por la víctima.
Máximo de penas: 20 años, con posibilidad de medidas alternativas tras cumplir dos tercios de la pena.
Supervisión: Un supervisor designado por el juez dará seguimiento al menor imputado.
El proyecto también establece medidas en caso de incumplimiento de las penas alternativas, procedimientos para menores no imputables, atención psicológica y patrocinio gratuito para las víctimas, y la posibilidad de mediación y probation para delitos menores.