Uruguay concretó ayer el primer procedimiento de eutanasia desde la entrada en vigencia de la ley que regula la muerte asistida, un hecho histórico para la región que volvió a poner el foco sobre el debate pendiente en la Argentina.

La paciente era una mujer de 69 años con cáncer terminal, que solicitó acceder al procedimiento tras la implementación oficial del protocolo sanitario previsto en la normativa aprobada por el Parlamento uruguayo. La confirmación fue realizada por fuentes del Colegio Médico del vecino país.

El diputado oficialista Federico Preve , uno de los impulsores de la ley, definió el hecho como «un día simbólico muy importante» y sostuvo que la mujer «pudo decidir morir con tranquilidad y según sus propias convicciones». Con este paso, Uruguay  se incorporó al reducido grupo de países que legalizaron la eutanasia, entre ellos España , Países Bajos , Canadá  y Nueva Zelanda .

La legislación uruguaya establece que el paciente debe ser mayor de edad, ciudadano o residente, estar psíquicamente apto y atravesar una enfermedad incurable o terminal que provoque sufrimientos insoportables. El pedido debe realizarse ante un médico y luego ser evaluado por un segundo profesional para confirmar el cumplimiento de los requisitos.

Cuatro proyectos sobre eutanasia en Argentina

El avance uruguayo volvió a instalar el debate en la Argentina, donde existen cuatro proyectos con estado parlamentario para legalizar la eutanasia, aunque ninguno logró avanzar en el Congreso.

Actualmente, tres iniciativas están radicadas en la Cámara de Diputados y pertenecen a Miguel Ángel Pichetto , Carolina Gaillard  y Gabriela Estévez . El cuarto proyecto fue presentado en el Senado por Mariana Juri .

Las iniciativas comparten un eje central: permitir que una persona con enfermedad terminal, irreversible o con sufrimientos insoportables pueda solicitar asistencia médica para morir. También contemplan la intervención de más de un profesional de la salud y el consentimiento expreso del paciente.

Uno de los principales puntos de diferencia entre los textos es el alcance sobre menores de edad. Algunos proyectos sólo habilitan el procedimiento para mayores, mientras que otros contemplan excepciones bajo determinadas condiciones.

En la Argentina ya existe desde 2012 la Ley de Muerte Digna, que permite rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida en casos irreversibles o terminales. Sin embargo, esa normativa no habilita la eutanasia activa ni el suicidio asistido.

El debate local también enfrenta dos miradas opuestas dentro del ámbito médico y bioético. Por un lado, sectores que consideran la eutanasia como una ampliación de derechos individuales y autonomía personal. Por otro, profesionales y organizaciones que sostienen que la prioridad debería ser fortalecer el acceso a cuidados paliativos.

Según datos de encuestas realizadas por la Universidad de San Andrés  y el observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires , entre 2024 y 2025 creció el respaldo social a la posibilidad de decidir sobre la propia muerte en situaciones médicas extremas.

Mientras tanto, la experiencia uruguaya quedó instalada como un antecedente regional que podría volver a presionar para que el Congreso argentino retome una discusión que, por ahora, sigue sin fecha.