El fiscal federal Gerardo Pollicita dio un paso clave en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, al citar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

La profesional, que intervino en la compra de un departamento en el barrio de Caballito, deberá declarar el próximo 8 de abril para esclarecer el origen de los fondos y la particular ingeniería financiera detrás de la adquisición de la propiedad de casi 200 metros cuadrados.

La Justicia citó a declarar a la escribana que intervino en la compra de Manuel Adorni de un departamento en Caballito

La lupa de la justicia se posó sobre la operación realizada el 18 de noviembre, donde el inmueble fue escriturado por USD 230.000. Lo que despertó la sospecha de la fiscalía es que una porción mayoritaria del pago, unos USD 200.000, provino de un préstamo hipotecario otorgado por las propias vendedoras, dos jubiladas llamadas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.

El dato llamativo que analiza Comodoro Py es que las acreedoras habrían manifestado no conocer previamente al funcionario, lo que motiva a Pollicita a indagar en la veracidad de la operatoria y en la capacidad económica de las partes.

Además de la propiedad en Capital Federal, la escribana Nechevenko habría participado en la escrituración de otra casa del matrimonio Adorni en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. Esta propiedad figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, y su adquisición en noviembre de 2025 generó inconsistencias en la declaración jurada del funcionario, ya que no constaba la venta previa de un inmueble en Parque Chacabuco que justificara el movimiento patrimonial.

Vuelos privados y la conexión con Marcelo Grandío

En paralelo a la ruta del dinero inmobiliario, el juez Ariel Lijo y el fiscal Pollicita investigan una serie de viajes a Punta del Este vinculados al periodista y contratista Marcelo Grandío, titular de la productora Imhouse.

La fiscalía solicitó medidas para determinar la frecuencia de estos vuelos conjuntos, tras declaraciones que indican que los traslados habrían sido costeados por Grandío bajo el concepto de “invitación”. La justicia busca determinar si existe una relación de dádivas o beneficios indebidos entre el contratista y el funcionario nacional.