JUICIO POR YPF: UN FALLO EN ESTADOS UNIDOS DEJA CERCA DEL EMBARGO A ARGENTINA
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La jueza Loretta Preska declaró a YPF y al Banco Central de la República Argentina (BCRA) como posibles «Alter Ego de la República Argentina». Esta decisión ordena al Gobierno Nacional a producir información de los últimos dos años para probar la relación entre estas entidades y el Estado argentino. La noticia fue confirmada por Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor y uno de los analistas que ha seguido de cerca este litigio, a través de sus redes sociales.
Este desarrollo se originó a partir de una solicitud de Burford Capital, marcando el primer paso que da la Justicia de los Estados Unidos hacia la posibilidad de aplicar embargos. De comprobarse la vinculación, el BCRA podría verse obligado a responder en nombre del país ante un potencial embargo, en caso de ser ordenado por el tribunal.
Los demandantes solicitaron una amplia gama de información, incluyendo detalles sobre las acciones de YPF expropiadas a Repsol y otras acciones de la petrolera en manos del Estado. Además, buscan determinar si diversas entidades administradas por el Estado cumplen la condición de «alter ego» del país, mencionando específicamente a Aerolíneas Argentinas, Arsat y Banco Nación, entre otras.
La lista de solicitudes incluye información sobre cuentas en el exterior, activos, deudas y transacciones valoradas en un millón de dólares o más, así como el swap de monedas con China y las concesiones para la exploración de recursos naturales.
Si bien la jueza Preska ha decidido excluir de la investigación a las demás empresas y organismos mencionados, centró su atención en YPF y el Banco Central. En última instancia, podría autorizar embargos sobre los bienes de ambas entidades, incluyendo acciones en Wall Street, inversiones en el exterior, bonos y otros activos.
En respuesta, los abogados de Argentina han rechazado la entrega de documentos, argumentando que se trata de activos sensibles por cuestiones militares, diplomáticas o consulares y, por lo tanto, no embargables.
El objetivo de Burford Capital es embargar activos locales ante la posibilidad de que el Estado argentino no cumpla con la sentencia del tribunal neoyorkino, que obliga al país a pagar 16.100 millones de dólares por la nacionalización de YPF realizada durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner en 2012.
«En mi opinión, Preska ya está cerca de perder la paciencia con Argentina», concluyó Maril en su cuenta de X (anteriormente conocido como Twitter).